La empresa pública Tragsa presenta un plan de viabilidad para sortear la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE.
La empresa pública Tragsa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el despido colectivo que la Audiencia Nacional declaró nulo en abril de 2014. Sus directivos confían en que los jueces fallen antes del 1 de agosto: el recurso ya tiene sala y ponente asignados, pero aún no se ha producido el pronunciamiento del fiscal. Pero Tragsa prefiere no esperar al TS y la semana pasada presentó a los sindicatos un plan de viabilidad para los próximos cinco años que implica recortes salariales de 80,3 millones de euros y una reducción de plantilla de 358 trabajadores. Su intención es alcanzar un acuerdo con sus comités de empresa antes de que el Supremo resuelva.
- Plantea recortes salariales de 80,3 millones de euros y una reducción de plantilla de 358 trabajadores para los próximos cinco años
- Quiere firmar antes de que se pronuncie el TS un acuerdo con los sindicatos, que rechazan las propuestas
- Intentó ejecutar el mayor despido colectivo en un grupo estatal, pero fue declarado nulo por la Audiencia Nacional
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